La actualidad social se encuentra signada, en lo inherente a políticas públicas, en el desafío permanente que enfrentan los gobiernos locales en satisfacer las necesidades prioritarias, que expresa la población, como condición de la legitimidad en gestión de la agenda política del decisor gubernamental de turno, máxime si tenemos en cuenta que dicho accionar se despliega en el Estado de Derecho de un régimen democrático, en donde los derechos humanos expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, Naciones Unidas), que manifiestan un conglomerado de derechos, enmarcados en los tópicos social, económico, civil, y político. Los cuales experimentan modificaciones en forma continua, situando al gobernante en un continuo ejercicio proactivo en la implementación de un programa de gobierno que permita, al menos, mantener la legitimidad de sus políticas mediante la aceptación de la sociedad en dicha planificación, que sustenta la gobernabilidad del mismo. En el contexto que nos ocupa, la planificación proyectiva (Prospectiva), ofrece una herramienta adaptable para superar crisis, antes que éstas escalen a un punto de no retorno. Como lo expone su mismo origen, desarrollada en Francia posterior a la segunda guerra mundial década del sesenta, por sectores de la administración política con la finalidad de originar procesos de reflexión proyectivos, que posibilitaran la recuperación del país. Este proceso reflexivo proyectivo, en sus dimensiones objetiva y subjetiva, permite trazar en forma dinámica y maneable los principios de incertidumbre (Hanna Arendt), propios, de la acción del ser humano en interrelación con el medio ambiente que lo contiene como fundamento de utilidad de la pólitica. Contenido además este pensamiento, en la máxima “el Plan no es NADA, la planificación lo es TODO”. El que los gobiernos locales posean y utilicen este instrumento, hace a su gobernabilidad.