En la pretensión de legitimidad a la autoridad por parte de los gobernantes y en la creencia en esa autoridad legítima por parte de los gobernados, hay aquí siempre una distancia, insalbable, trágica, conflictiva, siempre presente. Cuando esa distancia se ensancha, se producen quiebres y crisis. Tanto los representantes como los representados debemos saber que el consenso no es un absoluto, que el bienestar de todos como fin del Estado, encierra una utopía y una tensión tanto como las categorías de libertad e igualdad. Los cacerolas son expresión del descontento. Ese descontento ¿tiene que tener un progreso?, ¿tiene que tener una utilidad?, ¿debe terminar en el “que se vayan todos”? Si no es, ¿así fracasa como protesta? No daría una respuesta afirmativa a estas preguntas. Ahora bien, en la actualidad, ¿ es posible encontrar salidas alternativas a la crisis en actores sociales reflexivos de las nuevas dinámicas socioeconómicas, donde vuelven a tener control sobre sus propias fuerzas y sobre las condiciones históricas?. O por el contrario, ¿ el peso que la sociedad atribuye a la estructura de corrupción del neoliberalismo, causante del quiebre del sector productivo y social, se revela como un fetiche ajeno y opresor al quehacer socialmente compartido, y por lo tanto, dificulta el delineamiento de una salida común a la crisis? En sintesis ¿puede haber una reflexión democrática en las sociedades capitalistas después de las cacerolas? Sin dudas hay que dimensionar y repensar la “crisis de representatividad”. Si comenzamos a pensar que no existe una relación lineal entre modernización tecnológica, globalización, FMI y desocupación, sino que ésta es producto de relaciones sociales y políticas. Las comunidades, están habilitada a dialogar y debatir. Tienen la capacidad de comprender los cambios tecnológico que se produzca y manifestarse acerca de las condiciones sociales que considere necesarias. Cabe pensar aquí que el estado actual de la estructura de corrupción y la percepción de la misma como responsable del desempleo es un problema porque presupone la autonomía del Mercado y, en tal sentido, oculta la racionalidad económica del actor que toma las decisiones y tiene el poder (no tanto la legitimidad social) de imponerlas. En otro sentido, pensar el estado actual de la estructura de corrupción como “no necesario” y, por lo tanto, modificable, nos habla de la posibilidad de debates políticos.