En Argentina, la sanción de la ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones en 2010, plantea un abordaje del padecimiento mental desde el paradigma de los derechos humanos, situando a los/as usuarios/as del sistema de salud mental como sujetos de derechos. Esta perspectiva ubica a la internación como último recurso y propone la creación de dispositivos intermedios sustitutivos y de atención en la comunidad. Sin embargo, el aumento de internaciones con medidas excepcionales así como el sostenimiento de camas en hospitales monovalentes interrogan el acceso a la integralidad de los derechos de los/as usuarios/as. Desde un enfoque de Psicología Social Comunitaria, este trabajo tiene como objetivo: caracterizar los obstáculos y facilitadores en el proceso de externación de usuarios/as de un programa de prealta de un hospital monovalente de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2012. Se implementó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas sobre los siguientes tópicos: a. perfil sociodemográfico, b. diagnóstico y tratamiento, c. condiciones y posibilidades habitacionales, d. historia y oportunidades laborales, y e. relaciones vinculares. La muestra fue intencional y estuvo compuesta por 18 participantes usuarios/as del sistema de salud mental. La misma fue homogénea en relación a su inclusión en el servicio de prealta de un hospital monovalente de la CABA; y, heterogénea respecto de edad, género, tiempo de internación y nivel educativo. Entre los resultados se señala que la falta de implementación de políticas públicas integrales mencionadas en la nueva ley para la externación, como dispositivos intermedios de vivienda y trabajo, refuerzan la internación en el hospital monovalente como núcleo del tratamiento de los/as usuarios/as. El temor por la falta de sostén fuera del hospital clausura la posibilidad de imaginarse viviendo en la comunidad, lo que se refuerza por experiencias propias y/o cercanas de inermidad frente al alta. Asimismo, herramientas como el consentimiento informado que ponen el centro en la apropiación del usuario/a respecto de su propio tratamiento, ubicándolo como sujeto con derechos y fortaleciendo la capacidad de exigibilidad y autonomía, corren el riesgo de convertirse en herramientas de captura si no se desmarcan de la lógica tutelar que insiste tanto en los discursos y prácticas sociales y disciplinares, como en la vacancia de alternativas.